Una corte federal resolvió el martes que las agencias gubernamentales de investigación policiacas de Estados Unidos no requieren de una orden judicial para rastrear la ubicación de un teléfono móvil.
La sentencia afirma que no es necesario el permiso de un juez para que las autoridades obtenga los registros necesarios de un teléfono celular con el fin de saber en qué lugar se encuentra ubicado el sospechoso.
Un panel de tres jueces determinó que los móviles no requieren la “determinación de causa probable” consagrada en la Cuarta Enmienda Constitucional, la cual prohíbe a las agencias del Gobierno consultar registros de personas sin una orden judicial de por medio.
Grupos civiles como ACLU, Electronic Frontier Foundation y el Centro para la Democracia y la Tecnología se manifestaron en contra de la resolución tomada por las autoridades argumentando que la información de los teléfonos móviles sí está protegida por la Cuarta Enmienda Constitucional.
Como respuesta, el panel también decretó que la “orden de registro” podrá ser requerida por un juez en algunos casos específicos.
La elección de dichos casos será tomada bajo la consideración de cada juez. Con este punto, el decreto busca evitar que obtener los datos de localización de los “sospechosos” sea calificado como anticonstitucional.
En la actualidad las autoridades tienen dos maneras de rastrear la información de un teléfono móvil. La primera consiste en que el operador de la línea telefónica ofrezca a las autoridades los registros de llamadas del dispositivo. La segunda consiste en un seguimiento minuto a minuto de la ubicación geográfica del dispositivo.
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