Eurodiputados hacen frente común contra apartados de ACTA

Por Carlos Fernández de Lara

En el Parlamento Europeo fueron reunidas las 369 firmas requeridas para que adopte una declaración contra ciertos aspectos del Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

El documento (PDF) de los eurodiputados titulado “Declaración por escrito sobre la falta de un proceso transparente y un contenido potencialmente reprensible en relación con el ACTA” y tiene como objetivo solicitar a la Unión Europea que se oponga a la adopción general del tratado.

El documento declara que la Comisión debería hacer públicos inmediatamente todos los documentos relacionados con las negociaciones en curso, que el acuerdo no debería debilitar derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la intimidad y considera que no debe recaer sobre los ISP la responsabilidad por los datos que transmiten o recogen a través de sus servicios que implique un control previo o el filtrado de tales datos.

Entre otras cosas, pretende obligar a los proveedores de servicios de internet (ISP, por sus siglas en inglés) a cortar el servicio a los usuarios a quienes se les compruebe que han descargado o compartido contenidos escritos, de audio o video protegidos por derechos de autor y que sean propiedad industrial.

Los borradores de ACTA que han circulado por internet proponen en la sección 4 que el ISP tendría que deshabilitar o impedir el acceso a los contenidos protegidos que sean transmitidos o almacenados sin autorización de la entidad que tenga los derechos, posterior a su notificación legal.

Asimismo busca que se castigue con las leyes locales la falsificación de marcas y la piratería en internet de contenidos protegidos. Una de las propuestas es castigar a los usuarios a través de la limitación del servicio de internet o su suspensión. La aprobación del ACTA también prevé que se lleve a cabo un monitoreo por parte de los ISP a los usuarios sobre sus actividades en internet, lo cual implica millones de dólares en inversiones para adquirir, instalar y mantener los sistemas.

Aunque la declaración no tiene efecto legal alguno, envía un mensaje claro sobre la postura que sobre el ACTA debería adoptar la Unión Europea. Aún el presidente del Parlamento debe oficializar la declaración que pide sea protegida la neutralidad de los ISP.