México no debería firmar el ACTA: Google

Por Netmedia

México no debería de participar en la firma del Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), aconsejó Manuel Tamez, responsable de Políticas Públicas de Google en México.

En el marco del Congreso 2010 de la Sociedad Internet, el ejecutivo de Google calificó al tratado internacional como una “mala legislación” debido a que presupone la culpabilidad de un usuario que haya subido a internet un contenido protegido por derechos.

ACTA, a decir de Tamez, podría otorgar mayores ventajas a quienes son los titulares de los derechos reservados de los contenidos, en comparación con las atribuciones que tendrían los ciudadanos. Este hecho, dijo en su conferencia titulada “Desafíos de la información en línea”, podría provocar la comisión de abusos y limitar la innovación en internet.

En abierta oposición, el representante de Google México mostró preocupación porque la directriz internacional fincaría responsabilidades secundarias a los proveedores de servicios de internet si sus usuarios suben o descargan contenidos protegidos de internet.

De acuerdo con el borrador de ACTA que la Unión Europea ha hecho público, el Acuerdo pretende que los proveedores de servicios de internet, como Google, monitoreen sus servicios para identificar el almacenamiento no autorizado o la transmisión de contenidos protegidos. Lo anterior ha disparado preocupaciones relacionadas con la protección de la privacidad entre los países que participan en las discusiones del tratado.

Por ser un borrador, hasta ahora ACTA no deja claro a cuál entidad se le podría fincar la responsabilidad legal por distribuir, transmitir o poner a disposición del público copias de contenidos protegidos, si a los proveedores de servicios en línea o a los individuos que los hayan publicado o facilitado dentro de los servicios de dichos proveedores.

Según el Senador Francisco Castellón, la propia Unión Europea ha solicitado que el apartado sobre internet se retire del Acuerdo.

ACTA es promovido por Estados Unidos y Japón para su discusión y adopción en Canadá, Marruecos, Singapur, la Unión Europea, Corea, Nueva Zelanda, Australia y México.