Van tras bandas de pedófilos que usurpan identidades en internet
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La Policía Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJ-DF) va tras la pista de bandas de pedófilos que borran sus huellas a través de la usurpación de identidad.
Dichas supuestas agrupaciones delictuosas mantienen sitios web utilizados para el intercambio de pornografía infantil, pero se dedican a obtener información de sus víctimas para después robarles su identidad y engañar a otras víctimas de manera más sencilla, según un reporte publicado en el diario Reforma.
A su vez, los pedófilos mantienen páginas en internet que utilizan como redes sociales en donde recopilan información de cibernautas para luego usurpar su identidad, relató una fuente de la Policía Cibernética, pero no dio detalles sobre el funcionamiento de las redes.
Las investigaciones, que han llevado meses, arrojaron que el alcance de los presuntos hechos delictivos van más allá de las fronteras mexicanas y que miles de pedófilos y personas afectas a la pornografía infantil podrían estar involucrados.
La Policía Cibernética también reveló que hay engaños de phishing relacionados con los la actividad criminal de estos sitios web. La forma de operar el engaño consiste en enviar invitaciones apócrifas de Facebook, supuestamente enviadas por un contacto. Si la persona da clic en la invitación será dirigido a un sitio de phishing donde se le piden datos personales para darse de alta en la red social para así suplantar su personalidad.
Las cosas se pueden complicar cuando los menores de edad publican información o imágenes donde se reconoce la institución educativa en la que están inscritos y es cuando el acoso físico puede comenzar.
Esta semana la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una iniciativa de ley para tipificar el delito de usurpación de identidad en el Código Penal vigente en la Ciudad de México. De ser aprobada la medida, quien robe la personalidad de cualquier sin importar el medio tendrá una sanción de dos a seis años de cárcel y deberá pagar una multa de entre 400 y 600 días de salario mínimo.
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