La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia, una demanda en relación a la reforma en la que la Procuraduría General de la República, así como las de Justicia, podrán tener atribuciones para solicitar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones la localización geográfica de dispositivos móviles, con el fin de investigar delitos.
De acuerdo con la CNDH, la reforma hecha a los artículos 133 Quáter, del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D y 40 bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones están en contra de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, certeza y derecho a la privacidad de los mexicanos.
La demanda de acción de inconstitucionalidad se ejerció con el argumento de que estas reformas no tienen límite de tiempo y otorgan facultad ilimitada a las Procuradurías.
La norma reformada específica que no es necesario la aprobación de un juez para que se autorice la medida, así como no intervendrá supervisándola, ni la podrá revocar.
La Comisión Nacional, organismo público autónomo, cree que estas reformas están contra los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, por lo tanto son contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales firmados por México.
Actualmente la geolocalización es muy utilizada en dispositivos móviles, sin embargo generan una preocupación por la privacidad de los usuarios, así como por la seguridad personal.
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