El gobierno estadunidense no quita el dedo del renglón para sancionar a los involucrados en la divulgación de documentos gubernamentales a través de Wikileaks. Esto, luego de que durante el fin de semana pasado una serie de documentos, relacionados a la investigación y ordenamiento de información sobre el caso, fueron filtrados por primera vez a través de Twitter.
De acuerdo con la información publicada por diversos medios internacionales los documentos revelan la determinación del gobierno estadunidense y su presidente, Barack Obama, por integrar un caso penal contra los responsables del fenómeno Wikileaks, “sin importar cuánto tiempo lleve ni cuánto cueste”.
La semana pasada fue publicada una orden judicial, con fecha del 14 de diciembre, de la oficina del fiscal federal en Alexandria, Virginia, en la que el Departamento de Justicia (DoJ) exige a Twitter Inc detalles sobre las cuentas del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y del cabo Bradley Manning, analista de inteligencia del ejército, quien hasta el momento permanece detenido como sospechoso de proporcionar información confidencial al sitio de internet, especializado en filtraciones.
En ese mismo documento, del cual el sitio de noticia Salon logró obtener una copia, el DoJ hace solicitud de información de las cuentas de Twitter de Brigitta Jonsdottir, parlamentaria de Islandia, y el ya conocido hacker de WikiLeaks, el holandés Rop Gonggrijp, así como el programador estadounidense de Jacob Appelbaum. Todo ellos presuntos involucrados en el caso de Wikileaks.
El reclamo por parte de algunos de los involucrados no se hizo esperar, la parlamentaria de Islandia Brigitta Jonsdottir publicó en su perfil de Twitter: “El gobierno estadunidense quiere saber todo acerca de lo que he tweeteado desde el primero de noviembre de 2009. ¿Si saben que soy un miembro del Parlamento de Islandia?”.
Y los mensajes de crítica no han cesado, a inicios de semana Jonsdottir agregó en otro tweet sus críticas al gobierno de Barack Obama. “El gobierno estadunidense está tratando de criminalizar la denuncia ciudadana o la publicación de material de denuncia, este tipo de actitud pone en riesgo el futuro del periodismo”.
Los reclamos de la parlamentaria no han hecho oídos sordos, pues diversos medios han publicado reacciones de políticos y legisladores de la Unión Europea que subrayan el intento de Estado Unidos por “perseguir inocentes” como “intolerable”.
El mismo Assange ha definido los acontecimientos como una especie de hostigamiento, y prometió hacerles frente.
En un correo electrónico entregado a la agencia internacional Associated Press Assange aseguró: “Si el gobierno iraní intentara obtener por coerción esta información de periodistas y activistas de naciones extranjera, los grupos de derechos humanos en todo el mundo protestarían”.
Como publicara b:Secure la semana pasada, la decisión del gobierno estadunidense por sancionar a todo responsable de Wikileaks o cualquier evento similar en el futuro ha obligado a las dependencia federales a reestructurar sus políticas de seguridad en su información.
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